Las universidades venezolanas atraviesan una de las peores crisis de su historia, que amenaza su calidad, pertinencia y autonomía. El deterioro de la infraestructura, la falta de presupuesto, la deserción estudiantil y docente, la deserción de personal administrativo y obrero, la violación de la normativa legal y la escasa producción científica son algunos de los problemas que afectan a nuestras instituciones, que son fundamentales para el desarrollo del país.
Según el informe de país sobre la educación superior elaborado por la Comisión Nacional de la UNESCO (2022), Venezuela tiene una tasa bruta de matriculación universitaria del 83%, lo que la ubica en el quinto lugar a nivel mundial. Sin embargo, este indicador no refleja la calidad ni la pertinencia de la oferta académica, ni tampoco el rendimiento ni la graduación de los estudiantes.
De acuerdo con el reporte mensual del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (2022), la tasa de deserción anual universitaria es del 8,02%, mientras que en carreras técnicas y tecnológicas se presenta una cifra aún más alta, llegando al 13,39%. Estas cifras se explican por la crisis de los servicios estudiantiles, las dificultades económicas, la inseguridad y la migración forzada.
Asimismo, el mismo informe señala que el 36% de los incidentes registrados en octubre de 2021 tienen que ver con las restricciones presupuestarias que han afectado de manera severa el deterioro de las infraestructuras, la incapacidad de reparación y reposición que convierten las instalaciones en lugares inseguros y la inviabilidad de las clases de manera presencial. La precaria asignación de recursos para el mantenimiento y recuperación de espacios universitarios, han dejado a su suerte espacios que en otrora eran comunes para el esparcimiento e intercambio de ideas de la comunidad universitaria.
Otro aspecto preocupante es la baja producción científica y tecnológica que se ha generado en nuestras universidades, que se traduce en una escasa participación en revistas indexadas, proyectos de investigación e innovación, patentes y transferencia de conocimiento. Según el estudio realizado por Ganga-Contreras (2020), las universidades públicas dependen para su funcionamiento de tres fuentes de financiamiento: los aportes del Estado, las donaciones de entes privados y los ingresos propios. Sin embargo, más del 90% del presupuesto total proviene de los fondos públicos, lo que limita la capacidad de generar recursos propios a través de actividades como consultorías, prestación de servicios, alianzas estratégicas o cobro de aranceles.
Ante este panorama desolador, es necesario plantear alternativas que permitan a nuestras universidades recuperar su rol protagónico en la sociedad y contribuir al desarrollo nacional.
Algunas propuestas deberían ser:
- Fortalecer el marco legal que garantice el respeto a la autonomía universitaria, el derecho a la educación y la participación democrática en la gestión académica y administrativa.
- Diversificar las fuentes de financiamiento mediante la generación de ingresos propios, el establecimiento de convenios con el sector productivo y social, el fomento de la cooperación internacional y el cobro diferenciado y solidario de aranceles.
- Mejorar la calidad y pertinencia de la oferta académica mediante la actualización curricular, la incorporación de tecnologías educativas, el fortalecimiento de la investigación y la innovación, y la vinculación con las necesidades del entorno.
- Promover el bienestar estudiantil, personal docente, administrativo y obrero, mediante el mejoramiento de los servicios básicos, el otorgamiento de becas y estímulos, la creación de redes de apoyo y orientación, y la garantía de condiciones laborales dignas, que incluya un salario integral que les permita vivir decentemente cubriendo las necesidades de todos los miembros de sus familias.
Nuestras universidades tienen un gran potencial para superar esta crisis y convertirse en agentes de cambio social. Para ello, se requiere un compromiso colectivo entre todos los actores involucrados: autoridades, profesores, estudiantes, administrativos, obreros, egresados y sociedad civil. Solo así se podrá rescatar el valor público y social de las Unive. Por mi parte, pienso que la universidad venezolana está entrando en una nueva etapa, que significará cambios sustanciales en el futuro al corto plazo, por lo que no pierdo la fe de que encontraremos el camino correcto para ser nuevamente referencia académica en el mundo entero.
Nuestras universidades tienen un gran potencial para superar esta crisis y convertirse en agentes de cambio social. Para ello, se requiere un compromiso colectivo entre todos los actores involucrados: autoridades, profesores, estudiantes, administrativos, obreros, egresados y sociedad civil. Solo así se podrá rescatar el valor público y social de las Unive. Por mi parte, pienso que la universidad venezolana está entrando en una nueva etapa, que significará cambios sustanciales en el futuro al corto plazo, por lo que no pierdo la fe de que encontraremos el camino correcto para ser nuevamente referencia académica en el mundo entero.
Prof. Robert Parga